En su reciente visita de trabajo a la República Bolivariana de Venezuela, el Presidente del INTI conoció al autor de esta nota. Cordobés, casado con una cordobesa y padre de tres hijos, Cibanik, como muchos compatriotas, salió de Argentina en el año de plomo de 1976. Vivió 5 años en Israel y en 1981 se radicó definitivamente en Venezuela, donde se dedicó a la actividad industrial. Actualmente es el 1º Vicepresidente de FEDEINDUSTRIA, la federación de cooperativas, cámaras y asociaciones de micros, pequeños y medianos industriales de Venezuela, una organización que tiene 35 años, con cámaras y asociaciones tanto regionales como sectoriales y más de 3.500 empresas afiliadas. En esta nota aborda, desde el testimonio de su propia experiencia empresaria, cuestiones centrales de políticas públicas que hacen tanto a la reactivación y viabilidad de las PyMEs, como a la redistribución del ingreso, la propiedad, el crecimiento del empleo, la responsabilidad social compartida por empresarios, trabajadores y Estado.
Por Rodolfo Cibanik

Nuestra empresa, fabricante de guantes de seguridad industrial de vinil con soporte textil y plastisoles fue refundada en el año 2001, luego de una crisis de varios años que la llevó al cierre. A partir de entonces, con grandes sacrificios personales, estamos sirviendo al mercado nacional y enfrentando las importaciones (principalmente chinas) con precios que se logran a partir de la gran escala que producen y a la ignorancia de todas las normas de protección laboral y del medio ambiente. La devaluación del Bolívar en 2003 erosionó nuestro capital de trabajo, y el de todas las Pequeñas y Medianas Industrias (PyMIs), dado el gran componente de insumos importados en la producción, dificultando cada vez más el funcionamiento y limitando la capacidad de producción a nuestra disponibilidad financiera.

Hace poco más de un año, el Estado Venezolano estableció la cogestión como estrategia para la democratización de la propiedad de los medios de producción, en el marco del proyecto de socialismo del Siglo XXI. Las políticas de apoyo a la empresa nacional se subordinaron entonces a ese objetivo, en un viraje con respecto a las reglas políticas que estaban vigentes.

Fuimos de los primeros en acudir a la convocatoria, llenos de dudas, pero dispuestos a apostar a una alternativa que nos parecía razonable: cambiar parte de la propiedad de la empresa por una vía para su reactivación. Mi razonamiento inicial era que es preferible participar con un porcentaje, por pequeño que sea, en una empresa próspera, que ser titular absoluto de una fábrica cerrada. Nuestra empresa, cuya propiedad y gestión compartimos hoy los dueños originales con los trabajadores, quienes poseen el 40% del paquete accionario y que durante años hicieron posible su operación, ha recibido una importante inyección de recursos a tasa de interés del 5,5% a 10 años de plazo para la compra de activos, con 1 año “muerto”, en el cual no se paga ni capital ni intereses y además éstos no se generan, y un año de gracia, donde se pagan sólo intereses, y recién se comienza a pagar el préstamo a partir del tercer año, y 5 años de plazo para la parte de capital de trabajo con un año de gracia. Este apoyo nos está permitiendo sacarla del estancamiento y ponerla a funcionar a toda capacidad. Todos los actores del proceso, directos e indirectos, somos sus beneficiarios. Adicionalmente, tenemos apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el pago de consultores para la elaboración de los manuales de procedimientos y de calidad. Este financiamiento nos permitirá, a su vez, incorporar una nueva línea de producción de conos de seguridad vial. Por su parte, la empresa destinará un 10 % de sus utilidades a proyectos de mejoras en las comunidades vecinas.

Los propietarios originales hemos sido beneficiados con un crédito que por primera vez no condiciona su otorgamiento sólo a criterios financieros (básicamente relación entre crédito y garantías), sino que se tomó en cuenta, en forma prioritaria, el plan de negocios, la generación de empleos dignos, la capacidad de la empresa para llevarlo adelante y el compromiso de las instancias públicas de apoyarlo mediante las políticas de compra de las empresas del Estado (ruedas de negocios, licitaciones, etc.).